Los hechos acontecidos ayer por la mañana en plaza San Martín nos demuestran una vez más que en materias de Estado la excepción siempre hace a la regla y que la democracia representativa tiene tan poco de democracia como de representación. La represión, en plena mañana y de manera totalmente imprevista e injustificada (en caso que pueda otorgársele en alguna ocasión el cualitativo de justificada a semejante acto de violencia) fue desatada por la módica circunstancia de intentar cortar una calle. La inmediatez con que sucedieron los hechos demuestra claramente que la decisión política ya estaba determinada, y la asombrosa capacidad selectiva a la hora de detener a los compañeros no deja de sorprender.
Al tiempo de reprimir la policía no hizo distinción alguna entre hombres, mujeres o niños, y la violencia represiva dejó un saldo de más de una docena de heridos -sin contar las presiones psicológicas a las que, como costumbre, fueron sometidos. Entre los desmanes y corridas fueron detenidos once compañeros de diversas organizaciones que se encuentran procesados.
Y una vez más la complicidad de los medios de (in)comunicación para con la violencia estatal y los intereses privados que ésta resguarda. No sólo se ha tergiversado la información de los hechos -como reconocer en un claro eufemismo “siete u ocho demorados” entre los que se localizaba un “alto dirigente de Quebracho”, puras mentiras- sino que la mayoría de los mayores medios de la ciudad han hecho énfasis respecto a los heridos en el ¡pobre! policía (cuando no directamente negaron heridos de parte de los compañeros) cuando por parte de los compañeros se recibieron, entre otros, balazos de goma, gas pimienta y agresivos palazos. Tal complicidad es inaceptable.
¿De qué violencia estamos hablando? Un policía herido contra el uso extensivo de todo el instrumental represivo; contra dos compañeros perseguidos a lo largo de una cuadra por civiles con las armas reglamentarias en mano; contra una compañera brutalmente asestada una y otra vez la cabeza contra el suelo por tener una cámara en la mano con la que intentaba registrar los hechos; contra tres compañeros con fuertes contusiones en la cabeza, teniendo que permanecer uno de ellos internado en el hospital toda la noche; y etcétera, etcétera, etcétera.
Por más que quieran dibujar situaciones inexistentes, para la policía no hubo etcéteras. Un policía herido. ¡Qué fatalidad! ¿Y los militantes? Que los asesinen a palazos, como amenazó la policía en tono increpante a los compañeros.
Los medios no solamente silenciaron la mayoría de estos hechos nefastos sino que han intentado aliviar el hecho represivo haciendo omisión de que los compañeros no fueron simplemente “demorados”. Los compañeros fueron detenidos por el parece ser inescrupuloso crimen de peticionar por mejores condiciones de vida, por condiciones básicas de existencia. Fueron detenidos y serán procesados: cosa que no es poca de monta como para acallar. La criminalización de la protesta es clara.
Respecto al autodenominado Partido Socialista, las actitudes de su gobierno han dejado mucho que desear. Las declaraciones del senador Juan Carlos Zabalza son una demostración más de que el gobierno lo único que puede responder ante estos hechos es desviando el eje central del dilema: que la única respuesta que tiene el Estado ante la imposibilidad de quebrantar la unidad en la lucha es el uso indiscriminado de su fuerza represiva. Aquí el dilema no son los “piqueteros descontrolados”, si por descontrol el senador entiende cortar una calle en pos de un reclamo justísimo. El centro de la cuestión es que cuando los gobiernos no logran tronchar la capacidad de unidad en la calle, cuando no logran que la organización de los oprimidos ceda a las roscas, al clientelismo u otras mierdas, cuando no logra, en fin, que los reclamos ante la injusticia del sistema sean acallados, la única vía que conocen es la violencia, única que al fin y al cabo termina por defender los intereses propios de los ricos, de los grandes propietarios. Y que el senador aproveche la ocasión para introducir las disputas del PS con el kirchnerismo, relacionando lo sucedido con un supuesto montaje piquetero nacional por parte de Kirchner, es caer muy bajo, demasiado.
Las declaraciones de Binner hablan de lo mismo. Cuando fue consultado en el día de la fecha por el exceso represivo, luego de una mostración fabulosa de los nuevos equipamientos policiales que puso en marcha la provincia, hizo caso omiso del asunto argumentando que era un problema del poder judicial. Otra cosa no podía esperarse.
Por otra parte, cabe destacar el accionar de los abogados de la LADH y UADH, gracias a los cuales pudo enterarse algo del estado de los compañeros que permanecieron incomunicados (sin justificación alguna) durante el arresto y gracias a los cuales pudo concretarse una querella contra el estado y sus diversos representantes por los vejámenes acometidos. También es menester resaltar la presteza con que las diversas organizaciones se movilizaron a la entrada de la comisaría segunda para exigir la libertad inmediata de los compañeros.
Desde la editorial repudiamos la violencia sufrida contra los compañeros, entre los que se encuentran compañeros de nuestra organización; denunciamos el silencio y la complicidad siempre presente de los medios de (in)comunicación; repudiamos al gobierno autollamado socialista, la criminalización de la protesta y la violencia estatal en todos sus modos y usos.
Por estas razones convocamos a marchar este viernes 6 de noviembre a las 10 de la mañana desde Plaza 25 de Mayo hasta Plaza San Martín.
¡Desprocesamiento ya de los once compañeros y compañeras!
¡Libertad a todos los presos por luchar!
¡Desprocesamiento ya de todos los luchadores!
Rosario, 4 de noviembre de 2009
